Una polémica ley que solo duró 6 meses: solo sí es sí

La ley del «solo sí es sí», formalmente conocida como «Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual», constituye una de las reformas legislativas más significativas y debatidas en el panorama político y social de España. Promovida por el Ministerio de Igualdad, bajo la dirección de Irene Montero, la ley se posicionaba para establecer un marco jurídico en el cual el consentimiento explícito fuese la piedra angular para definir la comisión de delitos sexuales, apartándose de la interpretación previa que giraba alrededor de la existencia de violencia o intimidación como elementos centrales. Su derogación supuso un auténtico varapalo tanto para la ministra, como para aquellos políticos que apostaron fuertemente por ella, sin sopesar ni tener en cuenta todos los factores en contra que llegaban por parte de las asociaciones jurídicas.

Contexto y propósitos de la ley

La legislación nació en un entorno marcado por una serie de casos de abuso sexual que han cobrado gran visibilidad y que han agitado la percepción pública y jurídica sobre lo que debería constituir un delito sexual. La premisa de que «solo sí es sí» procura recalcar la importancia del consentimiento afirmativo y continuado en las relaciones sexuales, apostando por un cambio paradigmático en el cual cualquier acto sexual sin un consentimiento claro se tipificaría como abuso o agresión.

Análisis crítico de la ley

A pesar de la nobleza de sus intenciones, la ley ha atraído un cúmulo de críticas de diferentes esferas, incluyendo a expertos en derecho, colectivos feministas y representantes políticos. Estas críticas se enfocan en distintos puntos que merecen un análisis detallado.

Ambigüedad y subjetividad

Se criticaba que la ley introducía un concepto de consentimiento que resultaba excesivamente subjetivo y complicado de demostrar en un juicio. Determinar el consentimiento expreso y cómo este se puede establecer judicialmente se convirtió en una fuente de incertidumbre legal.

Repercusiones en la praxis judicial

Existen inquietudes sobre cómo la ley podía repercutir en la administración de justicia. La nueva definición de consentimiento podría provocar una mayor complejidad para lograr condenas en los casos de delitos sexuales, al dificultarse la tarea de probar la falta de consentimiento más allá de toda duda razonable.

Educación y prevención

Aunque la esencia de la ley es proteger a las víctimas de delitos sexuales, hay voces críticas que señalan que no se pone suficiente hincapié en la educación y la prevención. Argumentan que la ley hubiera ganado en efectividad si se complementase con programas educativos robustos que fomentaran el entendimiento y la práctica de relaciones sexuales consensuadas.

Retroactividad y revisión de sentencias

La posibilidad de que la ley permitía revisar sentencias anteriores ha suscitado un encendido debate sobre la retroactividad de las normas penales y los principios de certeza jurídica, que son pilares del derecho penal. Más de 1000 delincuentes sexuales, se han visto beneficiados con la aplicación de esta ley, reduciendo sus condenas y poniendo a muchos de ellos en la calle de manera anticipada.

Divergencias dentro del movimiento feminista

Incluso dentro del feminismo, la ley ha generado división de opiniones. Algunas partes la consideraban un avance imprescindible que centraba la atención en la relevancia del consentimiento, mientras otras creían que podía restar atención a otros aspectos fundamentales como la educación sexual integral y el combate contra la cultura de la violación.

Impacto en el sistema penal

También existió preocupación sobre si el sistema penal está preparado para absorber las implicaciones de la ley, tanto en términos de investigación de los delitos como en el apoyo a las víctimas.

Perspectiva de género

La ley era enfática en su perspectiva de género, lo que generó discusiones sobre si se estaba creando una normativa que, en su afán por proteger a las mujeres, podría llegar a desatender situaciones donde los hombres son víctimas de delitos sexuales. Esto planteó el desafío de equilibrar la protección sin incurrir en sesgos de género.

Desafíos prácticos

La implementación de la ley supuso desafíos prácticos significativos, desde la formación de los operadores judiciales hasta la adecuación de protocolos policiales y de asistencia a las víctimas.

Intersección con otras formas de violencia

La ley se centraba en la violencia sexual, pero no abordaba de manera directa cómo esta se interconecta con otras formas de violencia de género, como la violencia doméstica o el acoso a través de Internet.

En resumen, la «Ley del solo sí es sí» propuesta por Irene Montero tenía como horizonte la protección de la libertad sexual y la lucha contra la violencia sexual. Sin embargo, la crítica sostuvo, no sin razón, que podía enfrentarse a importantes desafíos prácticos y conceptuales que, de no abordarse, entorpecerían su implementación y efectividad. Así, la ley abrió un debate y consiguió poner a muchas personas de acuerdo, ya que tenía más visos de ser algo de cara a la galería que una ley efectiva a favor de la libertad sexual.